La Paritaria Nacional Docente es una conquista histórica de los trabajadores de la educación organizados sindicalmente que significa mucho más que discutir el salario mínimo una vez al año. Representa la invalorable posibilidad que tienen los docentes para defender y ampliar sus derechos laborales, como así también el derecho de toda la sociedad a tener una educación pública, inclusiva y de calidad.

 

La CTERA exige la reapertura y continuidad de la Paritaria Nacional Docente justamente porque la idea del Gobierno actual de ponerle fin a esta instancia legal tan importante para los trabajadores no sólo vulnera los derechos de los docentes, sino también abona el terreno para la iniciativa de destrucción de la escuela pública.

 

Desde principios de los años ´80 la CTERA ha peleado firmemente por tener paritarias, ya que las mismas significan poder contar con un espacio reconocido para lograr una negociación colectiva mucho más transparente y seria, en condiciones de igualdad de posición con los representantes del Estado-patrón. Una lucha persistente que, en el año 2005, tuvo sus frutos al lograr la sanción de una Ley de Financiamiento Educativo que reconoció esta instancia nacional de discusión paritaria para los docentes.

La Paritaria se tiene que respetar porque es una verdadera conquista de los trabajadores para ejercer el derecho y el poder de la representación colectiva; una institución que cuenta con la figura de “homologación” de los acuerdos paritarios, que da derecho a la organización de los trabajadores a exigir el cumplimiento de lo acordado y recurrir a la justicia cuando el Estado no cumple con lo comprometido.

 

El funcionamiento de la Paritaria Nacional Docente ha sido muy importante en todos estos años, ya que ha resultado ser un instrumento clave para la progresiva recomposición salarial que hemos logrado, estableciendo un salario mínimo, por debajo del cual no puede quedar el sueldo de ningún maestro del país. Piso que tiene que ser tomado como una referencia para las negociaciones provinciales. Pero, además, en la paritaria nacional se definen un conjunto de políticas públicas en educación que significaron importantes avances para el sistema educativo en su conjunto.

 

Esta instancia también es un reaseguro para toda la comunidad y la sociedad argentina respecto al derecho social y humano a una Educación Pública de calidad. Entre los principales avances de estos años, se han establecido como compromisos paritarios la construcción de escuelas con fondos del Estado Nacional; como así también la inversión en infraestructura y equipamiento para las instituciones escolares; la definición de programas socioeducativos nacionales que han favorecido la inclusión de niños/as, jóvenes y adultos que históricamente estuvieron marginados por su condición social; la definición de un programa nacional de formación docente permanente, en ejercicio y gratuito, a cargo del Estado, con la posibilidad de participación de los Sindicatos, las Universidades y los Institutos de formación docente; la inversión en computadoras y cursos de formación para que los docentes y estudiantes contaran con equipamiento tecnológico y didáctico; programas nacionales de turismo estudiantil, coros y orquestas infantiles; una importante inversión en Educación Superior, que significó un crecimiento exponencial y un desarrollo cualitativo de los proyectos científicos y tecnológicos; inversiones en programas de mejoras para la formación docente y la educación técnica, por nombrar algunos.

 

Negar la Paritaria Nacional Docente significa poner fin a todos estos avances y reducir la discusión a los ámbitos jurisdiccionales. Con esto, el gobierno actual no sólo trata de imponer un techo y un límite a la negociación salarial, sino trasladar el conflicto a las provincias. Es por ello que pedimos a los gobernadores que se sumen a nuestro reclamo para ponerle freno a los intentos de flexibilización laboral, precarización de las condiciones de trabajo, fragmentación del sistema educativo y, por ende, la profundización de la desigualdad entre las provincias, como ocurriera en los años ´90 del neoliberalismo menemista.

 

En esta ocasión, la profundización de las desigualdades estarán condicionadas no sólo por las posibilidades y recursos diferenciados que ya existen entre las regiones, debido a los diversos desarrollos de los sistemas productivos que claramente segmentan al país entre las “provincias pobres” y las “provincias ricas”, sino también por los mecanismos de extorsión y del “uso de la chequera” con que el poder ejecutivo nacional se maneja respecto de los gobernadores para imponer sus condiciones; lo que en el campo educativo ya se ha manifestado a través de la subejecución del presupuesto nacional destinado a las provincias y el desmantelamiento de la mayoría de los programas nacionales socioeducativos y de asistencia a las jurisdicciones.

 

El Gobierno nacional está obligado a convocar a la paritaria docente porque así lo establece el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo vigente y porque los Trabajadores de la Educación se lo exigimos. No se trata de algo que pueda ser omitido a voluntad; hay una ley que debe ser cumplida, y el primero en respetarla debería ser el Estado. 

 

 

RESPETAR LA PARITARIA NACIONAL DOCENTE ES DEFENDER LA ESCUELA PÚBLICA 

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