Este miércoles 30 de mayo, la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), realizó un paro nacional junto al sector público de Colombia por la educación pública de calidad y los derechos del magisterio.

(30/05/2012 Colombia) La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) con el respaldo de todos los sindicatos filiales y del magisterio colombiano, así como junto al resto del sector estatal realizó un paro nacional de 24 horas este miércoles 30 de mayo del 2012.

Las y los educadores colombianos defienden la educación pública de calidad y luchan por los derechos del magisterio.

Senén Niño, presidente de FECODE y Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación anunció el paro y una serie de movilizaciones conducentes a que se respeten acuerdos ya firmados entre el gobierno y FECODE, además de la búsqueda del derecho fundamental a una educación pública de calidad, gratuita, sin intermediarios y financiada adecuadamente desde el preescolar hasta la Universidad.

La educación pública colombiana atraviesa una profunda crisis originada en el recorte de recursos impuesta  por dos reformas constitucionales: los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, que le han quitado al sistema educativo público en diez años una suma cercana a los 35 billones de pesos y se proyecta al 2016  arrebatarle otro tanto.

Esos recortes presupuestales son la causa de problemas muy sentidos por estudiantes,  padres de familia y docentes, tales como hacinamiento de estudiantes en las aulas, reducción de las plantas de personal docente directivo, docente y administrativo como consecuencia de la fusión de establecimientos educativos, aumento de la jornada escolar, imposición de estándares y competencias como contenidos de la educación, entre otros.

El gobierno ha logrado arrebatarle 1.400.000 niños a las instituciones públicas de educación para entregárselos a los intermediarios administradores de los colegios en concesión, y dueños de colegios privados mediante los convenios de ampliación de cobertura, en un descarado y antiético manejo de los recursos públicos para el enriquecimiento de particulares.

La Ley 1450 de 2011 denominado Plan Nacional de Desarrollo decretó la desaparición de la educación preescolar pública para los niños de 3 y 4 años obligando a los padres de familia a matricular sus hijos en instituciones educativas de carácter privado y lo que es más grave cercenar este derecho a los hijos de la inmensa mayoría de los padres de familia que no cuentan con los recursos económicos para pagar matrículas privadas.

Además, el magisterio también lucha por reivindicaciones gremiales como el deterioro de las condiciones laborales, salariales y de salubridad para el ejercicio de la labor docente y el desconocimiento de derechos de maestras y maestros.

A los docentes en general se les desconocen derechos como los permisos remunerados con justa causa (en innumerables casos los docentes deben pagar de su bolsillo el reemplazo para que les concedan el permiso), la permanencia de 6 horas en las instituciones educativas, el reconocimiento y pago de las primas territoriales, el derecho a tener un régimen de salud con calidad, el pago oportuno de sus prestaciones sociales, y además se desconoce por parte del gobierno acuerdos pactados con FECODE en junio de 2011 sobre asuntos que son del interés y beneficio de los maestros.

Senén Niño, presidente de FECODE y Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación, dijo que “los problemas causados por la política estatal de abandono y quiebre de la educación pública nos llevan a esta medida legítima de las y los maestros”.

“Esperamos que  algún día más pronto que tarde podamos tener el derecho fundamental a una educación pública de calidad, gratuita, sin intermediarios y financiada adecuadamente desde el preescolar hasta la Universidad”, concluyó Niño.

FECODE ratifica de esta manera su compromiso con la defensa de la educación pública, por ello, es necesario actuar ya para detener la crisis del sector educativo, causada por las políticas de los últimos gobiernos, antes de que la educación deje de ser un derecho al que puedan acceder todos nuestros niños, niñas y jóvenes.