Una resolución judicial dictada a solicitud de los gobiernos locales de Mato Grosso y Goiás, estimó ilegal una huelga decretada por los sindicatos del sector educativo de esos estados y fijó una multa de tres mil dólares diarios en caso de suspensión del servicio. La decisión se basa en el supuesto de que en los servicios públicos no está reglamentada la huelga. A juicio de la CNTE y de los sindicatos afectados, ese argumento es inaceptable dado que la Constitución de Brasil establece el derecho de huelga. Las organizaciones sindicales llevan adelante distintas acciones en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil brasileña contra esa medida que, de hecho, elimina la libertad sindical y criminaliza el movimiento sindical