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Durante décadas, la descentralización educativa ha sido una destacada tendencia en la región de América Latina y el Caribe. Esta tendencia ha sido impulsada, en parte, por influencias globales y recomendaciones de organismos internacionales (Edwards y DeMatthews, 2014; Winkler y Gershberg, 2000) con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto público en la región, aun cuando la evidencia respecto a los efectos de la descentralización no es concluyente y sugiere que estos efectos están fuertemente influenciados por el contexto institucional específico de cada país (Litvack et al., 1998). Un proceso similar se ha dado con respecto a la privatización educativa que, en sus diferentes variantes, constituye otra tendencia evidenciada extensamente en la región (Adrião y Pinto, 2016; Moschetti et al., 2019; Edwards et al., 2019; 2020).

El caso de Colombia es probablemente uno de los casos más relevantes para abordar los temas mencionados. En Colombia, la descentralización educativa se ha producido a través de varios movimientos legislativos que comenzaron en la década de 1980 con una reestructuración del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Desde entonces, se ha configurado una estructura compleja de gobernanza y financiamiento, con diferentes niveles de gestión del sistema educativo. En este sentido, son varios los estudios académicos que han develado tanto las bondades como las desventajas del desempeño del sistema educativo descentralizado de Colombia. No obstante, la medida en la que la descentralización y la privatización se retroalimentan ha recibido escasa atención, sobre todo desde la perspectiva del sistema, es decir, partiendo de un entendimiento de los cimientos políticos, legales y socioeconómicos del sistema para luego analizar cómo estos rasgos fundamentales crean espacios y oportunidades para el avance de la privatización.