A un año de la firma del Consenso de Santiago: proteger la relación docente-estudiante es proteger la educación pública

Al cumplirse un año de la adopción del Consenso de Santiago, se reafirma la vigencia de uno de los compromisos más importantes consagrados en este acuerdo: el reconocimiento de la relación docente-estudiante como parte del patrimonio común de la humanidad.
Adoptado durante la Cumbre Mundial de Docentes celebrada en Santiago de Chile el 29 agosto de 2025, el Consenso un marco integral que compromete a los gobiernos a abordar la situación de la profesión. Entre sus aportes más significativos el consenso consagró un principio por el que la Internacional de la Educación (IE) ha luchado: reconocer la relación docente-estudiante como parte del patrimonio común de la humanidad. Esto representa más que un reconocimiento simbólico, es un compromiso para preservar la conexión humano en la educación frente al avance de soluciones puramente tecnológicas.
Un año después, este principio adquiere una relevancia aún mayor en un contexto marcado por la rápida expansión de tecnologías digitales e inteligencia artificial en los sistemas educativos.
Para la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), ninguna tecnología puede sustituir la relación pedagógica que se construye en el aula y en las comunidades educativas. Las herramientas digitales pueden apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero deben permanecer siempre bajo la autoridad profesional y pedagógica de las y los docentes.
La IEAL ha advertido reiteradamente que el debate sobre la inteligencia artificial en la educación no puede limitarse a las promesas de innovación o eficiencia. Muchas de las tecnologías que hoy se promueven para uso educativo son desarrolladas por corporaciones privadas cuyos modelos de negocio se basan en la recopilación masiva de datos y en la explotación comercial de la información generada por millones de usuarios.
La creciente integración de estas tecnologías en los centros educativos plantea interrogantes fundamentales sobre la privacidad, la protección de datos, los derechos laborales y la gobernanza democrática de la educación. Cuando plataformas digitales y sistemas de inteligencia artificial ingresan a las aulas sin regulación adecuada, existe el riesgo de que los datos y las interacciones de estudiantes y personal educativo sean utilizados para fines ajenos al interés público.
Los sindicatos de la educación también han expresado su preocupación por el uso cada vez más extendido de tecnologías de vigilancia y perfilamiento en distintos ámbitos de la sociedad. En numerosos contextos, herramientas digitales desarrolladas originalmente para fines militares, de seguridad o de monitoreo están siendo adaptadas para supervisar trabajadores, organizaciones sociales y ciudadanía en general. La educación no debe convertirse en un nuevo espacio para estas prácticas.
Por ello, la IEAL insiste en la necesidad urgente de marcos regulatorios sólidos que garanticen que la tecnología esté al servicio de las personas y de los objetivos educativos. Esto incluye la protección efectiva de los datos de estudiantes y docentes, la prohibición de sistemas de vigilancia en el lugar de trabajo, la transparencia de los algoritmos utilizados en el sector educativo y la exclusión de herramientas automatizadas de decisiones relacionadas con la contratación, evaluación o condiciones laborales del personal educativo.
El Consenso de Santiago dejó claro que las tecnologías educativas deben fortalecer, y nunca sustituir, las dimensiones humanas de la educación. A un año de su adopción, la IEAL reafirma que cualquier innovación tecnológica que fortalezca el futuro de la educación pública debe respetar los derechos humanos, laborales y educativos.
La defensa de la relación docente-estudiante sigue siendo, hoy más que nunca, una condición indispensable para construir sistemas educativos democráticos e inclusivos.