Sindicatos de la educación fortalecen estrategias frente al lawfare y el avance del acoso jurídico en América Latina
Más de un centenar de dirigentes sindicales, y asesoras y asesores jurídicos de los sindicatos afiliados a la Internacional de la Educación América Latina (IEAL) se reunieron el 30 y 31 de julio en Brasilia para el seminario “Acoso jurídico contra sindicatos de la educación: estrategias para defender la libertad sindical y la profesión docente en tiempos de Lawfare”. El encuentro buscó fortalecer las capacidades de los sindicatos para identificar, comprender y responder de manera estratégica al creciente acoso jurídico contra la profesión docente y el movimiento sindical en la región.
La actividad se da en un contexto en el que aumentan las restricciones a la libertad sindical y a la libertad de cátedra, así como las estrategias de persecución política dirigidas contra educadoras, educadores y sus organizaciones. Procesos disciplinarios, denuncias judiciales, campañas de difamación, intentos de censura y la criminalización del derecho de huelga forman parte de un contexto que busca debilitar la organización colectiva y limitar la incidencia de los sindicatos en la defensa de la educación pública.
Durante dos jornadas de trabajo, las y los participantes intercambiaron experiencias y construyeron herramientas para responder de manera coordinada a estos desafíos, articulando estrategias jurídicas, políticas y comunicacionales.
Comprender el fenómeno del lawfare y analizar experiencias regionales
El primer día de trabajo estuvo dedicado a analizar el panorama regional del acoso jurídico contra los sindicatos de la educación y las restricciones a la libertad sindical en América Latina.
La agenda comenzó con el panel “El lawfare como instrumento de judicialización de las fuerzas políticas” donde los abogados Luiz Carlos da Rocha y Manoel Caetano compartieron los principales elementos de la articulación entre el poder judicial, el poder legislativo y los medios de comunicación contra Luiz Inácio Lula da Silva.
Los abogados del equipo jurídico de Lula contaron su experiencia y aportaron algunos conceptos fundamentales para el ejercicio de estos dos días. Por ejemplo, se refirieron al lawfare como un concepto que no es nuevo para América Latina pero que tipifica “el uso estratégico del derecho y el sistema de justicia para eliminar y disuadir a elemento políticos y así ganar una ventaja en este ámbito". O sea, "usar el derecho como arma".
Los expertos brasileños especificaron que se caracteriza por "acusaciones sin fundamento y pruebas débiles ya que el objetivo no es investigar, es atacar, y se llega incluso a utilizar la figura del juez como un caudillo que persigue".
La jornada también abordó experiencias concretas de la región, entre ellas el caso de Uruguay, centrado en la judicialización y la construcción de una condena social contra la organización FENAPES, así como el caso de Colombia, donde se analizó el reconocimiento del sindicato FECODE como sujeto colectivo víctima del conflicto armado tras décadas de persecusión. Estos espacios permitieron compartir estrategias de defensa jurídica, política y mediática desarrolladas por las organizaciones sindicales frente a contextos de persecución.
Los expertos explicaron que para esto se utilizan “Acusaciones sin fundamento y pruebas débiles, el objetivo no es investigar, es atacar y se utiliza la figura del juez como un caudillo que persigue la corrupción”.
Luego, las experiencias de Uruguay y Colombia permitieron trasladar esta discusión al ámbito del movimiento sindical de la educación y mostrar cómo estas estrategias pueden combinarse con campañas mediáticas de estigmatización, persecución judicial, amenazas y ataques dirigidos contra las organizaciones sindicales.
En el caso de FENAPES (Uruguay), los abogados Daniel Parrilla y Marcelo Domínguez analizaron las estrategias utilizadas para criminalizar y deslegitimar al movimiento sindical. Explicaron cómo tras la llegada de un gobierno de derecha al poder “se utilizó el sistema legal para perseguir actores políticos, trasladando la discusión hacia un enfoque judicial en lugar de diálogo social”.
La dimensión comunicacional de la persecución sindical también fue destacada a partir de la experiencia uruguaya, mostrando cómo las campañas de estigmatización pueden convertirse en una herramienta para debilitar la legitimidad pública de las organizaciones.
“Era parte de la lucha cotidiana donde, día a día, teníamos que enfrentar no solamente los procesos de desintegración, no solamente la fiscalización, sino también la comunicación y las redes sociales. Nos llamaron corruptos, nos acusaron de presentar certificados falsos”.
La experiencia colombiana, por su parte, permitió, analizar una situación de violencia antisindical sistemática y de larga duración, así como el reconocimiento de FECODE como sujeto colectivo víctima del conflicto armado. Martha Bernal, secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), explicó que durante décadas se han desarrollado estrategias destinadas a deslegitimar el trabajo sindical y a quienes defienden la educación pública.
Entre las prácticas identificadas se encontraron las campañas de estigmatización en los medios de comunicación, la caracterización de dirigentes como “enemigos de la patria”, las amenazas, la criminalización mediante procesos judiciales, el debilitamiento financiero de las organizaciones y los intentos de restringir el derecho a la movilización.
Por esto, es muy significativo el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC). impulsado por FECODE, que contempla 50 medidas orientadas a dignificar la memoria, restablecer libertades y derechos, garantizar justicia, proteger a los liderazgos sindicales y monitorear el cumplimiento de los compromisos establecidos.
Criminalización de la profesión docente y construcción de herramientas de protección
La segunda jornada se concentró en la construcción de herramientas para enfrentar el acoso jurídico y la criminalización de la profesión docente.
El profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo y representante del Observatorio Nacional de la Violencia contra Educadores/as (ONVE/UFF), Salomão Ximenes, presentó el panel “La criminalización de la profesión docente: una agenda ideológica contra el derecho a la educación pública”. Su intervención abordó los mecanismos de persecución y censura que enfrentan educadoras y educadores en Brasil, así como los desafíos para garantizar condiciones de protección frente a estas prácticas:
“Necesitamos proponer y construir una política de protección a los educadores, partiendo del reconocimiento de que hoy es prácticamente imposible implementar cualquier proyecto o perspectiva de política educativa orientada a enfrentar desigualdades y discriminaciones, que no coloque al educador y a la educadora que implementa esta política en riesgo”, afirmó.
Ximenes presentó además los resultados de la investigación “Un estudio cuantitativo de la persecución a educadoras/es en Brasil” y destacó la necesidad de que la respuesta no se limite a los tribunales: “En nuestra estrategia jurídica, es muy importante pensar en la victoria judicial, pero también en cómo bloquear este movimiento desde su articulación en la base”.
Por otra parte, la defensa de la libertad académica fue abordada por Camila Crosso, directora de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas (CAFA), quien presentó una propuesta para construir un ecosistema regional de acogida y protección para académicas y académicos en riesgo en América Latina. Crosso subrayó la importancia de documentar estos ataques y comprender su dimensión institucional:
“Historizar estos ataques, que son sistemáticos, y tener esta memoria me parece un deber fundamental frente a lo que estamos viviendo. Esto nos da apertura para tener conciencia de que no son problemas individuales, son de naturaleza institucional. Y a partir de eso tener un punto de partida para desarrollar estrategias de acogida”.
La propuesta busca fortalecer el intercambio y la cooperación entre organizaciones de la región como parte de una respuesta colectiva frente a las amenazas contra la libertad académica y la profesión docente.
Fortalecer la respuesta colectiva de los sindicatos
El seminario concluyó con un intercambio entre representantes sindicales de los 12 países participantes, quienes compartieron experiencias y herramientas frente a escenarios de acoso jurídico.
Las experiencias mostraron patrones comunes en la región: el debilitamiento de la educación pública, los ataques a la laicidad de la enseñanza, los procesos judiciales contra organizaciones sindicales, la censura de contenidos relacionados con la igualdad y la no discriminación y las campañas de estigmatización y criminalización contra dirigentes y trabajadores y trabajadoras de la educación.
Frente a estos desafíos, el encuentro permitió avanzar en la construcción de herramientas para fortalecer las capacidades de las organizaciones afiliadas, con énfasis en la articulación entre las estrategias jurídicas, la acción política y la comunicación sindical.
Como resultado del intercambio, las y los participantes propusieron estrategias concretas para hacer frente al acoso jurídico en América Latina, organizadas en cuatro áreas de acción: formación sindical y de equipos jurídicos; comunicación política; creación de una red de asesoría jurídica interdisciplinaria; y utilización de mecanismos internacionales.
Con este seminario, la IEAL reafirma su compromiso con la defensa de la libertad sindical, la libertad académica y los derechos laborales y profesionales del personal educativo, promoviendo la cooperación entre las organizaciones afiliadas y la construcción de respuestas regionales frente al avance del lawfare y otras formas de persecución política.
La defensa de la educación pública, democrática, inclusiva y de calidad requiere sindicatos fuertes, capaces de actuar de manera coordinada frente a las amenazas que buscan debilitar la organización colectiva y limitar el ejercicio de los derechos fundamentales.
