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El presente estudio, "Nuestra inteligencia es colectiva: IA, trabajo docente y disputa por el sentido de la educación", analiza la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe desde una perspectiva política y sindical. A lo largo de sus páginas, se propone trascender las narrativas tecnofílicas y celebratorias para estudiar cómo el avance de los sistemas algorítmicos reconfigura no solo las prácticas pedagógicas en el aula, sino también las relaciones de poder, las condiciones laborales del profesorado y el sentido mismo de lo público. A través de un enfoque que recoge debates éticos, políticos y sociotécnicos, el informe desnaturaliza las concepciones de la IA como una herramienta neutral, la presenta como un dispositivo de poder que tensiona la autonomía profesional y exige un posicionamiento activo de las organizaciones sindicales frente a la lógica extractiva de los escenarios tecnológicos globales. 

Entre los hallazgos, se revela una profunda brecha entre la aceleración de la oferta tecnológica y la soledad que experimentan los docentes de la región. El relevamiento realizado entre 1460 trabajadores de 14 países demuestra que, si bien existe un nivel intermedio de familiaridad con la IA generativa, el 51,2 % de los docentes ha tenido que recurrir al autoaprendizaje y tutoriales informales ante la ausencia de políticas públicas de formación sistemática. Esta ausencia de políticas se traduce en una intensificación del trabajo invisible, en que la carga de “adaptarse” a las nuevas herramientas recae sobre el esfuerzo individual de los docentes, a menudo fuera de sus horarios remunerados, lo que profundiza las desigualdades preexistentes en el sistema educativo y precariza el bienestar físico y mental de los trabajadores. 

Un eje central del informe se encuentra en la propuesta de una agenda de derechos y estrategias sindicales para la gobernanza de la IA en el ámbito educativo. El informe destaca que el 65 % de los docentes reconoce la necesidad de alianzas regionales e internacionales para enfrentar el poder de las corporaciones. Se proponen ejes de regulación prioritarios que incluyen la transparencia algorítmica, la soberanía de datos y el derecho a la desconexión digital. La disputa no se plantea como un rechazo a la tecnología, sino como una lucha por su sentido pedagógico. Asimismo, se plantea la demanda de que cualquier implementación tecnológica en la escuela pública contemple evaluaciones de impacto laboral y pedagógico, así como la participación directa de las comunidades educativas en su diseño y gobernanza. 

El informe enfatiza que el futuro de la educación se disputa hoy mediante la acción colectiva y la incidencia en políticas públicas. Se hace un llamado a los Estados y sindicatos para establecer marcos regulatorios que garanticen que la IA actúe como un apoyo para la enseñanza diversificada y no como un sustituto del pensamiento crítico o un instrumento de disciplinamiento laboral. La construcción de una "inteligencia colectiva" sindical se propone como la clave para contrarrestar la asimetría de poder, motivo por el cual la digitalización de la educación en América Latina debe inscribirse en un horizonte de justicia social, equidad de género y soberanía tecnológica.